Lunes. Dos semanas después de establecer la distancia forzada.

La demanda de los Larraín contra Santiago Capital había avanzado formalmente. Los abogados de la empresa me citaron a una reunión urgente a primera hora de la mañana.

Rodrigo Mendoza, el CEO, estaba ahí junto con la jefa de legal, Patricia Vega, y dos abogados externos especializados en litigios corporativos.

—La demanda es seria —dijo Patricia sin preámbulos—. Alegan conflicto de interés material, uso indebido de recursos corporati